Si un territorio es adscrito coercitivamente a una comunidad política, violando el principio de libre asociación, no es descabellado que, como mínimo, a sus representantes no se les imponga también la lengua con la que han de dirigirse al resto de políticos.
Una vez reconocida la libertad de los pueblos para hablar como estimen oportuno, es ridículo que dos individuos hagan uso de un traductor cuando disponen de una lengua común. La ausencia de imposición no conlleva imposibilidad de acción.
Por último, todos los nacionalismos, ya sean centrífugos o centrípetos, utilizan la cultura como un imperativo de represión que les sirve para convertir las lenguas en instrumento de discriminación social y no en tecnologías para una correcta comunicación.
No olvidemos que el bienestar de la cultura es el malestar de la libertad.